En España, 7,7 millones de toneladas de alimentos —163 kilos
por persona, de media— que podrían haberse consumido, o a los que se pudo haber
dado otro uso, acaban en la basura cada año. Son productos que se desechan a
causa de los malos hábitos de consumo, los altos estándares de calidad de las
empresas —que rechazan los que no cumplen sus cánones estéticos— o la mala
planificación de comercios y ciudadanos. Una realidad escandalosa que se hace
aún más aberrante a medida que aumentan los estragos causados por la crisis: el
27% de la población se encuentra en riesgo de pobreza. El Gobierno busca
ponerle coto ahora a este problema con una estrategia para concienciar del
valor de los alimentos, y estudia cambiar la normativa para que aquellos
productos que vayan a desecharse se reutilicen o se donen.
Su objetivo es, además, analizar las reglas con las que las
empresas hacen sus cribas antes de que el producto llegue al consumidor.
Patrones que llevan a rechazar alimentos perfectamente buenos solo por
criterios estéticos. Estándares “excesivamente estrictos”, según el experto
británico Tristram Stuart, profesor de Historia Medioambiental en la
Universidad de Sussex. Stuart pone varios ejemplos: kilos de tomates que se
consideran demasiado pequeños para la venta, manojos de zanahorias retorcidas y
algo rajadas... Alimentos que nadie garantiza que no terminen en los
contenedores. Algo que las autoridades tratarán de evitar. También que aquellos
productos cuya fecha de consumo preferente vaya a pasar —siguen siendo seguros
pero no conservan todo su sabor, color o aroma— se reintroduzcan en el ciclo
alimentario de alguna forma y no se destruyan sin más.
La idea satisface a las organizaciones de consumidores, que
no obstante se muestran cautas sobre la verdadera suerte de los productos
rescatados y la intención última de la estrategia del Ministerio de
Agricultura. “Hay que evitar el despilfarro, pero sospechamos que cualquier
cambio regulatorio irá orientado a que la industria pueda acabar
comercializando esos productos desechados a un precio menor y obtenga un
beneficio”, opina Ruben Sánchez, portavoz de Facua. “Lo primero que debería
hacerse es prohibir que se tiren los excedentes de producción. La industria
tira los alimentos que superan el cupo determinado para evitar que bajen los
precios. Les sale más barato desecharlos”, añade.
El diputado de Compromis-Equo Joan Baldoví propuso hace poco
una iniciativa parlamentaria para frenar el desperdicio. En ella se incluían
medidas coercitivas para aquellos que despilfarrasen con prácticas como la de
eliminar los excedentes. Sin embargo, a pesar de la contradicción que supone
que el Gobierno prepare ahora su propia estrategia, su propuesta fue rechazada
por el PP. Baldoví pretendía aplicar el principio de “quien contamina paga”
para frenar unos residuos que tienen un elevado coste medioambiental y social.
Agricultura y 100 empresas acuerdan optimizar los excedentes
Porque el problema se produce a lo largo de toda la cadena.
Desde el campo o la granja hasta la mesa. Pero uno de los principales
problemas, reconoce Fernando Burgaz, director general de Industria Alimentaria,
es que no se tiene información exacta de cuánto ni de todos los factores que
influyen en esta práctica. “Se revisarán las normas de calidad, se tendrán en
cuenta los tipos y la tecnología de envasado, si las fechas de caducidad y
consumo preferente son las correctas, los tiempos de distribución, los hábitos
de consumo. Todo eso cuenta en el despilfarro de alimentos”, explica Burgaz.
Los datos de la Comisión Europea sitúan a España como el
sexto país de la UE que más despilfarra. Por delante están Alemania, Holanda,
Francia, Polonia e Italia. En toda Europa tiran a la basura 89 millones de
toneladas de alimentos. Una cifra que el Parlamento Europeo ha instado a
reducir. En Reino Unido, Holanda o Irlanda ya han iniciado programas para
hacerlo. Sobre todo, con campañas de sensibilización para consumidores y
distribuidores.
En España, el ministerio de Miguel Arias Cañete ha firmado
un convenio con la Federación Española de Bancos de Alimentos y la Asociación
Multisectorial de Fabricantes y Distribuidores (AECOC), al que se han adherido
más de 100 empresas, para frenar el desperdicio. Las compañías se comprometen a
reducir ese despilfarro siendo más eficientes en la producción, reduciendo los
tiempos de distribución y planificando mejor sus producciones para evitar que
las mercancías se acumulen, cuenta el secretario general de AECOC, José María
Bonmatí.
“Tenemos que optimizar y reducir el desperdicio casi a cero.
Es una cuestión social, pero también medioambiental”, afirma Bonmatí, que
reconoce que hay margen de mejora. “Muchas veces, por ejemplo, la propia
dinámica comercial hace que las fechas de retirada sean anteriores a las del
fin de la vida útil de los productos. También hay que vigilar el transporte y
la logística. Hay que hacer una planificación correcta”, apunta el responsable
de AECOC, que explica que, dentro del acuerdo con Agricultura, las empresas se
comprometen a aprovechar al máximo los excedentes que se generen. Sea
elaborando otro tipo de productos —alimentación animal, cosméticos— o
redistribuyéndolos.
La industria no apoya que se cedan alimentos pasados de
fecha pero inocuos
Una de las formas de darles uso es donarlos a organizaciones
o bancos de alimentos. Ya se hace en algunos casos con excedentes de frutas y
verduras. También, explica Tomás Fuertes, presidente de ElPozo Alimentación
—una de las compañías firmantes del acuerdo—, con otros productos cuyo envase,
por ejemplo, se ha deteriorado. “Nosotros cada día hacemos una revisión de
todos los productos que se van a expedir y aquellos que tienen cualquier
defecto de etiquetado o de presentación, como una arruga, pero que son
productos perfectamente óptimos para el consumo, se donan a las distintas ONG e
instituciones con las que colaboramos”, apunta.
Los que no se donan son aquellos productos cuya fecha de
consumo preferente acaba de pasar o está cerca. Algo “incomprensible”, según
los responsables de las organizaciones que tienen programas de ayuda para
alimentación a personas en riesgo de exclusión. “Son alimentos que son sanos e
inocuos, pero que quizá no estén tan frescos. Se podrían donar perfectamente”,
apunta José Antonio Busto Villa, director general de los Bancos de Alimentos,
entidades que el año pasado dieron de comer a dos millones de personas en
España. A Carlos Susías, presidente en España de la Red Europea contra la
Pobreza, la idea no le parece mal, pero avisa: “Tienen que ser alimentos buenos
y seguros. No deben ser alimentos de desecho para personas consideradas de
desecho”. La estrategia, dicen los expertos, podría ayudar algo a paliar los
recortes sociales y la reducción de fondos que la UE planea para esos programas
en los próximos presupuestos —propone una partida de 2.500 millones de euros
para gastar de 2014 a 2020, pero no todos los países apoyan la modesta cifra—.
“Reducir el despilfarro es bueno, pero no soluciona el problema. El Gobierno
debe centrarse en mejorar las condiciones de acceso a los alimentos para todos
los ciudadanos”, incide Susías.
A Busto Villa le satisface que Agricultura revise las
condiciones de la donación, y aspira a que se fomente la entrega de alimentos
en buenas condiciones, pero cuya fecha de consumo preferente ha pasado. Pero
esa opción no convence a los fabricantes. “Cualquier empresa que esté envasando
su marca quiere que ese producto responda a sus estándares de calidad. Vaya
donde vaya. Y hay algunos productos que van perdiendo condiciones
organolépticas”, dice el responsable de AECOC. Lo que harán los fabricantes,
recalca, es revisar a fondo y más habitualmente las fechas límite de sus
productos. “Ahí se puede trabajar”, opina.
Y es que ese es otro de los posibles factores del desperdicio
masivo. El tiempo de duración de un alimento se vuelve a medir cuando cambia
alguno de los ingredientes o su envase. Sin embargo, expertos como Stuart, que
ha liderado investigaciones sobre desperdicio, creen que esas fechas límite son
“demasiado prudentes”.
Muchas frutas y verduras se rechazan solo por criterios
estéticos
Las autoridades españolas estudiarán, dentro de la
estrategia de Agricultura, si ese tiempo límite que la industria impone a sus
alimentos es correcto. “Las tecnologías de envasado han evolucionado, con lo
que muchos productos pueden tener más vida útil de la que tienen reconocida
oficialmente”, apunta el director general de Industria Alimentaria, que explica
que también se tendrá en cuenta si el tamaño de los envases se adapta a las necesidades
de los consumidores o promueve el desperdicio.
Esta, opina, puede ser una de las claves. El 42% de los
desechos alimentarios se produce en los hogares, según estimaciones europeas.
“Ahí se tira una parte importante de productos. Sea porque la gente puede
tender a acumular, porque no los conservan bien o porque no tienen información
suficiente de cómo hacerlo. También porque la mayoría confunde la fecha de
caducidad con la de consumo preferente”, argumenta el responsable de los Bancos
de Alimentos. Una opinión que comparte Sánchez, de Facua. Ambos piden que se
cree una regulación para que en los envases conste una sola fecha, “la del
último día que se puede consumir el producto sin riesgo”, pide Busto Villa.
“Además, las etiquetas deberían tener información de qué propiedades pierde el
producto a partir de una fecha”, dice Sánchez.
Pero la industria no tiene planes de cambiar el etiquetado,
por el momento. Sin embargo, el responsable de AECOC explica que las compañías
iniciarán —junto a Agricultura— una campaña de información al consumidor sobre
las condiciones de conservación y consumo. También participarán las superficies
comerciales, porque mercados, supermercados y tiendas generan el 5% de los
desperdicios. No parece una cifra muy alta, pero aún así son muchos los
productos acaban en el contenedor.
¿Qué se hace para evitarlo? Beatriz García Cabredo,
directora de Responsabilidad Social Corporativa de Makro, explica que una buena
planificación es vital. También el tratamiento del producto. “Se cuida la
mercancía desde que llega para que no se produzcan roturas y se trata de
conservar bien la cadena de frío en los productos frescos para que no se
estropeen”, dice. Aun así, reconoce, hay alimentos que ya no se pueden vender y
que se donan: latas golpeadas, productos que ya no son vistosos y que los
restaurantes no querrán, alimentos cuya fecha va a vencer ¿Y aquellos cuya
fecha ha vencido? “Esos se destruyen. Pero intentamos que no pase”, dice
Cabredo.
Antes de llegar a la tienda también se desperdicia. Las
empresas productoras generan el 39% de los desechos. Y es que a veces las
normas por las que se rige la comercialización de productos frescos —verduras,
hortalizas— impiden la venta de los que tienen alguna imperfección o no tienen
el tamaño adecuado. Por ejemplo, una patata de la variedad nueva que tenga un
brote de más de tres milímetros no se puede vender. “No pasa la criba de la
empresa que las lava y las envasa y puede que acabe en la basura. Las empresas
creen que el consumidor no querrá esos productos un poco imperfectos o temen
que meterlos en el mercado baje el precio”, apunta Diego Juste, de la Unión de
Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA). Ellos son el primer eslabón de la
cadena y también originan desperdicios.
“Se intenta derivar los excedentes a la industria para
fabricación de derivados. Se dona lo que se puede. Se busca tirar lo menos
posible”, dice. Pero, como denuncia la Organización de Naciones Unidas para
Agricultura (FAO), a veces a las empresas les resulta más caro reutilizar el producto
—fabricando otra cosa o donándolo— que tirarlo. La distribución de la mercancía
a los bancos de alimentos cuesta, y además debe ser ágil.
